José Almonacid Rojas

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 La reciente promulgación de la Ley de Delitos Económicos ha marcado un importante cambio en el sistema legal chileno. En el ámbito laboral, esta legislación otorga a las empresas una nueva responsabilidad penal en casos relacionados directamente con el orden social, el sistema de pensiones y la salud de las personas en el contexto laboral. La Ley de Delitos Económicos establece que ciertos delitos relacionados con los salarios de los trabajadores y la seguridad individual de las personas, entre otros aspectos, serán considerados como delitos económicos cuando sean cometidos por individuos que ocupan cargos, funciones o posiciones dentro de una empresa con el propósito de obtener beneficios económicos. Para comprender la amplitud de estos delitos económicos, es útil clasificarlos en varias categorías: Pago y retención de cotizaciones: La ley ha modificado la Ley N°17.322, que establece las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de se...

  En nuestro país, es frecuente que ciertos empleos se ejecuten bajo un contrato de honorarios, una práctica respaldada por la legislación. No obstante, en circunstancias específicas, un trabajador independiente podría buscar que se reconozca una relación laboral encubierta, lo que, a su vez, podría dar lugar a deudas de cotizaciones de seguridad social, entre otros compromisos financieros. El 17 de agosto pasado, se promulgó la nueva Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, que ordena una serie de delitos, clasificándolos según su impacto en la economía y/o el medio ambiente. Dentro del ámbito laboral y de recursos humanos, destacan un conjunto reducido de delitos, particularmente aquellos relacionados con la falta de pago de cotizaciones de seguridad social o la declaración de ingresos inferiores a los reales. Las sanciones oscilan desde penas de cárcel de 61 días y multas de 5 UTM en casos en que el perjuicio no supere las 4 UTM, hasta penas de 10 años y m...