La venta de Globovisión, la única televisora privada en abierto identificada con la oposición en Venezuela, se concretó este lunes acompañada del anuncio de un viraje gradual hacia una línea editorial de "centro".
"Ya la venta del canal se cerró", indicó el sitio web de Globovisión al citar unas palabras del vicepresidente del canal, Carlos Zuloaga, durante una reunión con empleados en el principal estudio de la televisora.
En el encuentro, uno de los nuevos directores, Leopoldo Castillo, conocido periodista del canal y conductor del programa "Aló ciudadano", anunció la decisión de "llevar la línea editorial hacia el centro" de forma gradual para no perder audiencia y anunciantes.
"La Globovisión que conocimos, la Globovisión que vivimos en los últimos 12 años, no es la Globovisión que vamos a vivir. Yo quiero poner las cosas claras, lo demás es engaño", dijo Castillo a los trabajadores.
La dirección estará compartida por Castillo y Vladimir Villegas, hermano del ministro de Información, Ernesto Villegas, y conocido periodista que desempeñó distintos cargos en el gobierno pero que se fue alejando hasta adoptar una línea opositora.
"Unos quieren que Globovisión cambie totalmente, otros que no; no podré complacer a ambos sectores", dijo Villegas en una entrevista publicada este lunes por el diario El Nacional.
La reunión con los empleados del canal fue presidida por Carlos Zuloaga, quien también dio lectura a una carta de su padre Guillermo Zuloaga, quien durante 18 años dirigió Globovisión, pero ahora se encuentra en Estados Unidos y es requerido por la justicia venezolana por usura y asociación para delinquir.
En la misiva, Guillermo Zuloaga reconoce que la venta, cuyo monto no ha trascendido, genera "sentimientos encontrados" y sostuvo que para mantener abierto el canal "hace falta más que dinero".
Los documentos de la venta serán firmados la tarde de este lunes y se espera además la próxima visita a las instalaciones de los nuevos propietarios, Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, añadió Globovisión.
Cordero, principal accionista de Seguros La Vitalicia y que asumirá como presidente del canal, fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas de 1989 a 1993. Algunos trabajadores de Globovisión lo han acusado de estar ligado a "sectores del oficialismo".
La venta comprende el 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias, mientras que el otro 20% de la televisora fue confiscado por el gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para recuperarlo.
Globovisión es el único canal privado con trasmisión en abierto en Caracas y la cercana ciudad de Valencia (norte), y por cable en el resto del país, que ha mostrado una línea crítica al gobierno en los últimos años, lo que le ha acarreado críticas de parte del oficialismo.
Globovisión transmite en directo los mensajes, conferencias y mitines de Henrique Capriles, ex candidato presidencial de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) que fue derrotado por una diferencia de 1,49% de los votos por el presidente Nicolás Maduro en la polémica elección del 14 de abril pasado.
Los medios oficiales del Estado, en cambio, reservan un espacio muy limitado a las declaraciones del líder opositor.
Sin referirse de manera explícita a la venta de Globovisión, el presidente Maduro lanzó este lunes en un acto público un mensaje a los medios de comunicación, a los que exhortó a trabajar "por la paz y la vida".
"No vayan a creer (los medios) que me pueden derrocar (...). Les pido la máxima colaboración y que cese el festín de la muerte", dijo Maduro al criticar a los medios que, a su juicio, producen programas de violencia "por amarillismo y por negocio".
Globovisión, en el aire desde 1994, acumula varias sanciones administrativas, multimillonarias multas y ha sido amenazada de cierre en varias ocasiones por el gobierno.
Los anteriores directivos habían denunciando una supuesta persecución política debido a su línea editorial. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que las acciones en su contra responden a razones estrictamente legales.
Para evitar el embargo de bienes y que le revocaran la concesión de la frecuencia, el medio pagó a mediados del año pasado una multa de 2,1 millones dólares que le impuso el ente regulador Conatel, tras acusarlo de hacer "apología del delito" en la cobertura periodística de un sangriento motín carcelario en junio de 2011.