José Almonacid Rojas

La norma aprobada por el Govern permite reducir la renta hasta un 50% en un mes. En la misma línea, Pimec pidió al Govern de la Generalitat que también tenga en cuenta a los pequeños tenedores y ahorradores propietarios de los locales, que ahora verán reducidas sus rentas. “A menudo, se trata de inmuebles que han sido comprados con préstamos hipotecarios que habría que seguir pagando”. La Generalitat, ajena a esta realidad, aboga por “un reparto de costes entre propietario y arrendatarios, para que el coste de la pandemia no recaiga exclusivamente sobre una de las partes”, enfatizó ayer Budó, y “evitando la judicialización”. Esto es lo que se ha querido evitar aparcando sine die la introducción en el Código Civil de Catalunya de la cláusula rebus sic stantibus , que hubiera dejado en manos del juez la decisión de cómo adecuar en cada caso concreto el contrato de alquiler a las devastadoras circunstancias actuales. Eso ya no pasará. El Govern ha preferido socorrer de forma directa a los

COVID-19: Nuevos datos revelan que sólo uno de cada ocho países de todo el mundo ha adoptado medidas para proteger a las mujeres contra los impactos sociales y económicos El Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19, recientemente creado por ONU Mujeres y el PNUD, muestra que la respuesta a la pandemia en materia de protección social y puestos de trabajo ha pasado por alto en gran medida las necesidades de las mujeres. Nueva York, 28 de septiembre . Según los nuevos datos dados a conocer hoy por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y obtenidos mediante el Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 , la mayoría de los países del mundo no están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres y las niñas de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la.- COVID-19. El rastreador, que incluye 2.500 medidas de 206 países y territorios, analiza específicamente y desde la óptica del género las medidas gubernament

  Apoyo a la pesca artesanal en pandemia Explica la ley que modifica la ley de pesca para favorecer a la pesca artesanal en el marco de la pandemia de Covid-19. ¿Qué determina la ley sobre la caducidad en el registro Pesquero Artesanal? Se suspende la declaración de caducidad de las inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué caducidades de inscripción se mantendrán vigentes? Se mantendrán las caducidades de los pescadores reincidentes de ciertas infracciones contempladas en la ley de pesca. Se incluyen los reincidentes por informar la captura de especies menores a las reales, no respetar las cuotas globales de captura establecidas y no acatar las prohibiciones de pesca en los llamados parques marinos. También los que reinciden en vulnerar la prohibición de pesca en determinados colectores de captación de semillas. Se mantendrá también la caducidad a los condenados por usar en la captura elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza pr

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Suspensión del corte de servicios básicos de los clientes deudores Explica la ley que suspende el corte de servicios por mora durante la pandemia y obliga a las empresas a dividir la deuda en cuotas. ¿Qué busca la ley? Se establece un beneficio para los usuarios de los servicios básicos ante la crisis generada por la pandemia de Covid-19. ¿Qué compañías de servicios considera la ley? Las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red. ¿En qué consiste el beneficio? Se prohíbe a las empresas a que durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley (08 de agosto de 2020) no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos que la ley indica. ¿Qué usuarios son beneficiarios? Usuarios residenciales o domiciliarios. Hospitales y centros de salud. Cárceles y recintos penitenciarios. Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso deli

El regreso de los delatores en el proyecto de ley de delitos informáticos En las últimas semanas se reactivó en el Congreso chileno la discusión del proyecto de ley sobre delitos informáticos, que implementa en Chile el Convenio de Budapest. Hasta ahora, la mayoría de las criticas se han centrado en tres temas: penalización del hackeo ético, modificación de las normas sobre retención de datos y acceso a comunicaciones, y ampliación de las facultades del Ministerio Público, incluida la eliminación del requisito de autorización judicial previa para determinadas diligencias. Resumido en una sola gran crítica, el proyecto ha servido como excusa para inyectar de nueva fuerza el poder del Estado para invadir la privacidad y la autonomía de las personas. A pretexto de combatir el ciberdelito, el proyecto modificaría sustancialmente las actuales normas del código procesal penal chileno en materia de técnicas de investigación. Pero hay otro aspecto de este proyecto que, a pesar de ser igualment