La máxima autoridad del Ministerio Público, Sabas Chahuán, está convencido de que las interceptaciones telefónicas son una herramienta clave en la persecución de los delitos. Y lo dice con fuerza incluso ahora, cuando la labor de la fiscalía en la investigación del caso Registro Civil está en tela de juicio. Por María José O’Shea C.; fotos, Verónica Ortiz.
-¿Su teléfono está pinchado?
-No sé, pero no hablo nada sensible por teléfono. Por los fiscales no está pinchado. Además tengo otro…
-Qué también está pinchado, probablemente.
-No, ese está a nombre de mi abuelita.
Al menos en las conversaciones, no deja pasar ni una. Acelerado, no fue capaz de esperar los 30 segundos que demoró el ascensor en llegar al piso 2 de la fiscalía y prefirió –después de hacer una mueca de no puedo esperar más– bajar por las escaleras para salir a la calle a sacarse las fotos para esta entrevista.
Dos minutos ante el frontis de la fiscalía, en la calle General Mackenna, y empezó: “¿Listo? ¿Listo? Suficiente”… Y tuvimos que empezar el diálogo, grabadora en mano.
Con tres años al mando de la Fiscalía Nacional –fue propuesto en 2007 por la entonces presidenta Bachelet–, Sabas Chahuán ha logrado ir imponiendo su estilo de gestión en el Ministerio Público. Se encarga de repetir en todas partes que él va a perseguir el delito donde quiera que esté y que va a poner acento en la autonomía del organismo.
Por estos días ha estado complicado. Una de sus fiscales, Alejandra Godoy, que investiga el caso de presunta corrupción en el Registro Civil, fue acusada por los abogados de los imputados de incurrir en grabaciones fuera del plazo autorizado por el juez, en las que además hubo conversaciones entre los implicados y sus representantes legales, lo que le habría permitido –sostienen los querellantes– adelantarse a la estrategia de la defensa. Chahuán, quien defiende a regañadientes el uso de interceptaciones telefónicas, ordenó reabrir el sumario interno para determinar si hubo o no una irregularidad por parte de la persecutora.
-Dicen que usted es muy mañoso. ¿Es cierto?
-No. Si se refiere a que soy cuidadoso de la facultad y las obligaciones de la fiscalía, sí, pero estoy obligado por ley. Y no voy a cambiar.
-¿Qué es lo que más le ha costado?
-Manejar los silencios. Porque muchas veces debiéramos hablar... pero tenemos que quedarnos callados.
-¿En qué se ha equivocado?
-Errores graves no he tenido, creo. Como ser humano, todos los días. Y he tenido la suerte de que cuando me he equivocado, el curso de los acontecimientos ha disimulado mis equivocaciones. Por ejemplo, me he equivocado en algún nombramiento, pero ha pasado que con el tiempo se han alejado de la institución y he atinado en el reemplazante…
-¿Y en las escuchas telefónicas?
-Son una herramienta imprescindible de investigación de crímenes. La semana pasada se desarticuló una organización que traficaba autos todo terreno a Bolivia, más de 800 vehículos. Ahí hubo 1.600 horas de escuchas telefónicas y fue fundamental para desbaratar la banda. Es una herramienta que en todo el mundo se ocupa y que, en la medida que se haga con pleno respeto a las garantías, no tiene problemas.
-Es decir, con permiso de un juez.
-Nunca ha habido una intercepción telefónica en Chile hecha por un fiscal –y lo digo categórica, responsable, seria y enfáticamente– sin que haya una autorización judicial previa. Ha habido dos o tres errores que están siendo investigados por parte de los fiscales y si son irregularidades que implican delitos o son irregularidades administrativas, van a ser sancionados. Pero los fiscales tienen que pedir autorización judicial. Tanto es así, que las compañías telefónicas no interceptan sin exhibición previa de la autorización judicial.
-Pero el error que se investiga aquí es que la fiscal del caso Registro Civil, Alejandra Godoy, grabó conversaciones más allá del plazo autorizado.
-Los cargos que se le hacen involucran que se habría excedido el plazo. O sea, por ejemplo, que se le autorizó por 20 días y ella lo habría hecho por 23…
-Se dice que fueron nueve, y sin autorización del juez.
-En ese caso, si es verdad, podría haber una irregularidad y por eso está siendo investigado. Pero que un fiscal haya ordenado interceptar sin autorización, eso no ha ocurrido. Eso es un delito. Y yo estoy aquí para perseguir los delitos.
-¿En qué circunstancias se puede grabar una conversación?
-Primero un fiscal debe argumentar ante un juez de garantía –en forma verbal o escrita- por qué son necesarias para la investigación. Y si el juez lo estima fundado, ahí autoriza la interceptación.
-No sé, pero no hablo nada sensible por teléfono. Por los fiscales no está pinchado. Además tengo otro…
-Qué también está pinchado, probablemente.
-No, ese está a nombre de mi abuelita.
Al menos en las conversaciones, no deja pasar ni una. Acelerado, no fue capaz de esperar los 30 segundos que demoró el ascensor en llegar al piso 2 de la fiscalía y prefirió –después de hacer una mueca de no puedo esperar más– bajar por las escaleras para salir a la calle a sacarse las fotos para esta entrevista.
Dos minutos ante el frontis de la fiscalía, en la calle General Mackenna, y empezó: “¿Listo? ¿Listo? Suficiente”… Y tuvimos que empezar el diálogo, grabadora en mano. Con tres años al mando de la Fiscalía Nacional –fue propuesto en 2007 por la entonces presidenta Bachelet–, Sabas Chahuán ha logrado ir imponiendo su estilo de gestión en el Ministerio Público. Se encarga de repetir en todas partes que él va a perseguir el delito donde quiera que esté y que va a poner acento en la autonomía del organismo.
Por estos días ha estado complicado. Una de sus fiscales, Alejandra Godoy, que investiga el caso de presunta corrupción en el Registro Civil, fue acusada por los abogados de los imputados de incurrir en grabaciones fuera del plazo autorizado por el juez, en las que además hubo conversaciones entre los implicados y sus representantes legales, lo que le habría permitido –sostienen los querellantes– adelantarse a la estrategia de la defensa. Chahuán, quien defiende a regañadientes el uso de interceptaciones telefónicas, ordenó reabrir el sumario interno para determinar si hubo o no una irregularidad por parte de la persecutora.
-Dicen que usted es muy mañoso. ¿Es cierto?
-No. Si se refiere a que soy cuidadoso de la facultad y las obligaciones de la fiscalía, sí, pero estoy obligado por ley. Y no voy a cambiar.
-¿Qué es lo que más le ha costado?
-Manejar los silencios. Porque muchas veces debiéramos hablar... pero tenemos que quedarnos callados.
-¿En qué se ha equivocado?
-Errores graves no he tenido, creo. Como ser humano, todos los días. Y he tenido la suerte de que cuando me he equivocado, el curso de los acontecimientos ha disimulado mis equivocaciones. Por ejemplo, me he equivocado en algún nombramiento, pero ha pasado que con el tiempo se han alejado de la institución y he atinado en el reemplazante…
-¿Y en las escuchas telefónicas?
-Son una herramienta imprescindible de investigación de crímenes. La semana pasada se desarticuló una organización que traficaba autos todo terreno a Bolivia, más de 800 vehículos. Ahí hubo 1.600 horas de escuchas telefónicas y fue fundamental para desbaratar la banda. Es una herramienta que en todo el mundo se ocupa y que, en la medida que se haga con pleno respeto a las garantías, no tiene problemas.
-Es decir, con permiso de un juez.
-Nunca ha habido una intercepción telefónica en Chile hecha por un fiscal –y lo digo categórica, responsable, seria y enfáticamente– sin que haya una autorización judicial previa. Ha habido dos o tres errores que están siendo investigados por parte de los fiscales y si son irregularidades que implican delitos o son irregularidades administrativas, van a ser sancionados. Pero los fiscales tienen que pedir autorización judicial. Tanto es así, que las compañías telefónicas no interceptan sin exhibición previa de la autorización judicial.
-Pero el error que se investiga aquí es que la fiscal del caso Registro Civil, Alejandra Godoy, grabó conversaciones más allá del plazo autorizado.
-Los cargos que se le hacen involucran que se habría excedido el plazo. O sea, por ejemplo, que se le autorizó por 20 días y ella lo habría hecho por 23…
-Se dice que fueron nueve, y sin autorización del juez.
-En ese caso, si es verdad, podría haber una irregularidad y por eso está siendo investigado. Pero que un fiscal haya ordenado interceptar sin autorización, eso no ha ocurrido. Eso es un delito. Y yo estoy aquí para perseguir los delitos.
-¿En qué circunstancias se puede grabar una conversación?
-Primero un fiscal debe argumentar ante un juez de garantía –en forma verbal o escrita- por qué son necesarias para la investigación. Y si el juez lo estima fundado, ahí autoriza la interceptación.
| “Nunca ha habido una intercepcion telefonica en Chile hecha por un fiscal -y lo digo categorica, responsable, seria y enfaticamentesin que haya una autorizacion judicial previa”. |
-¿Y se puede grabar la conversación entre un abogado defensor y su cliente?
-No se le puede interceptar las comunicaciones a un abogado defensor. Es ilegal, ilegítimo y atenta contra la garantía básica del derecho a la defensa, a menos que el abogado sea imputado de un delito. Lo que sucede es que si se interviene el teléfono de un imputado, no hay capacidad de discernir a priori con quién va a hablar.
-O sea, si yo soy imputada y llamo a mi abogado defensor, me van a interceptar igual la conversación porque yo marqué el teléfono…
-Sí, pero esas conversaciones no pueden ser utilizadas. Hay que eliminarlas.
-Los abogados de los implicados en el caso Tata señalan que se habrían grabado las comunicaciones de seis de ellos.
-Lo que pasa en ese caso, y por eso ordené investigar, es que antes de ir a juicio oral había que hacer una audiencia de preparación en que se depurara la prueba que se iba a ofrecer en el juicio oral. En esa audiencia se planteó en más de tres oportunidades por parte de los fiscales –según ellos me dicen– que había grabaciones que no podían ser utilizadas y que había que eliminarlas. La jueza no estuvo de acuerdo y ordenó entregar el master completo. Y ahí aparecieron las otras grabaciones, que no pueden ser utilizadas. Lo fundamental aquí es que la herramienta de investigación es básica. Por eso encargué que me propusieran un compendio de las diversas instrucciones que se han dictado para delitos específicos –interceptaciones en delitos de droga o sexuales, por ejemplo– para refundirlas en un solo instructivo. Eso lo haré antes de fin de diciembre. Y lo otro, es que llamé al presidente del Colegio de Abogados para reunirme con él y escuchar su posición.
-El Colegio ha sido muy crítico de esta situación y acogió un amparo por la ilegalidad de la grabación telefónica. ¿Usted es miembro del Colegio?
-Soy, pero creo que no tengo las cuotas al día. Cuando vuelva a ejercer, voy a ver si me condonan la deuda…
-Usted ha impulsado la instalación de una Central Autónoma de Escuchas para la fiscalía. ¿Cómo queda eso, después de lo que está pasando?
-Suena presuntuoso el nombre, porque es una máquina bastante modesta, que es para ciertos casos de delitos complejos y que, previa autorización judicial, puede escuchar seis líneas. La hemos usado con autorización judicial. Y es muy útil e importante que exista.
-No se le puede interceptar las comunicaciones a un abogado defensor. Es ilegal, ilegítimo y atenta contra la garantía básica del derecho a la defensa, a menos que el abogado sea imputado de un delito. Lo que sucede es que si se interviene el teléfono de un imputado, no hay capacidad de discernir a priori con quién va a hablar.
-O sea, si yo soy imputada y llamo a mi abogado defensor, me van a interceptar igual la conversación porque yo marqué el teléfono…
-Sí, pero esas conversaciones no pueden ser utilizadas. Hay que eliminarlas.
-Los abogados de los implicados en el caso Tata señalan que se habrían grabado las comunicaciones de seis de ellos.
-Lo que pasa en ese caso, y por eso ordené investigar, es que antes de ir a juicio oral había que hacer una audiencia de preparación en que se depurara la prueba que se iba a ofrecer en el juicio oral. En esa audiencia se planteó en más de tres oportunidades por parte de los fiscales –según ellos me dicen– que había grabaciones que no podían ser utilizadas y que había que eliminarlas. La jueza no estuvo de acuerdo y ordenó entregar el master completo. Y ahí aparecieron las otras grabaciones, que no pueden ser utilizadas. Lo fundamental aquí es que la herramienta de investigación es básica. Por eso encargué que me propusieran un compendio de las diversas instrucciones que se han dictado para delitos específicos –interceptaciones en delitos de droga o sexuales, por ejemplo– para refundirlas en un solo instructivo. Eso lo haré antes de fin de diciembre. Y lo otro, es que llamé al presidente del Colegio de Abogados para reunirme con él y escuchar su posición.
-El Colegio ha sido muy crítico de esta situación y acogió un amparo por la ilegalidad de la grabación telefónica. ¿Usted es miembro del Colegio?
-Soy, pero creo que no tengo las cuotas al día. Cuando vuelva a ejercer, voy a ver si me condonan la deuda…
-Usted ha impulsado la instalación de una Central Autónoma de Escuchas para la fiscalía. ¿Cómo queda eso, después de lo que está pasando?
-Suena presuntuoso el nombre, porque es una máquina bastante modesta, que es para ciertos casos de delitos complejos y que, previa autorización judicial, puede escuchar seis líneas. La hemos usado con autorización judicial. Y es muy útil e importante que exista.
| “No se le puede interceptar las comunicaciones a un abogado defensor. Es ilegal, ilegitimo y atenta contra la garantia basica del derecho a la defensa”. |
-Usted aparece ahora anunciando un instructivo para las grabaciones telefónicas, reabriendo el sumario contra la fiscal. ¿No está reaccionando ex post?
-No, para nada. Lo que se ha hecho desde que llegué es compendiar una serie de instrucciones y dejarlas en una especie de manual práctico.
-¿Esto de las instrucciones por las escuchas viene de antes del caso Registro Civil?
-Absolutamente. No es una reacción.
-¿No teme que con esto de las grabaciones telefónicas se instale una mancha sobre la investigación final del caso de corrupción en el Registro Civil?
-Bueno, es un riesgo. Espero que no sea así. Pero es importante no litigar por los medios, y esperar la investigación. Pero si es por la fiscalía, la investigación del caso del Registro Civil va a llegar hasta el final, como cualquier otra. No a la invasión
-Uno de los proyectos que usted planteó fue crear la Fiscalía para los delitos de Alta Complejidad, para casos de alta corrupción pública, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Por qué el gobierno no le ha dado el piso suficiente?
-Lo que pasa es que las unidades especializadas que hay en la fiscalía son insuficientes. Entonces, dentro de un plan de fortalecimiento, de ajustes de los recursos a las necesidades actuales –han entrado 1 millón y medio de causas al año con la misma dotación del 2000–, planteamos una fiscalía supraterritorial. Esa parte la acogió el presidente el 21 de mayo en la cuenta pública y dijo que se enviaría el proyecto de ley. No ha pasado nada, pero yo confío en que se va a enviar. La otra parte –y que fue validada por un reciente estudio del BID– es el aumento de la dotación para ir acorde a las necesidades del país.
-Pero no estuvo en la discusión del presupuesto.
-No, pero yo expuse ante la comisión mixta de presupuesto y les expliqué que era un plan de continuidad y austero, y les dije que si se aprobaba el plan de fortalecimiento, no teníamos problema con el presupuesto.
-¿Cuánto vale?
-12 mil millones de pesos, parcializados en cuatro años. Aumenta la dotación en más de 700 personas, incluyendo fiscales; 26 para los delitos de alta complejidad y 106 para el resto del país. La comisión de presupuesto entendió lo que señalé y estuvo de acuerdo. Dijo que enviaría un oficio al Ejecutivo para que se mande el proyecto de ley con el plan de fortalecimiento. Y yo confío en que pase.
-Tiene foto con Bachelet y también con Piñera en su oficina. ¿Cómo es su relación con La Moneda?
-Buena.
-¿Y comparada con el gobierno anterior?
-Son diferentes estilos, pero las dos han sido buenas. La fiscalía es una institución permanente, por lo que si no me relaciono bien con el gobierno, no estaría haciendo mi pega.
-Dicen en el gobierno que tiene mejor relación con el jefe de Interior, Rodrigo Hinzpeter, que con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
-No, lo que pasa es que con Hinzpeter hemos visto más cosas juntos. Además, como los fiscales somos quienes dirigimos las investigaciones, muchas veces estamos en ceremonias en que se reconocen los éxitos y, claro, coincidimos más.
-Pero con el ministro Bulnes arrastra ciertos roces, desde cuando él planteó que la fiscalía debía rendir cuentas…
-Nosotros rendimos permanentemente cuenta de nuestras actividades.
-¿Se sintió invadido?
-No, creo que había una suerte de acople del nuevo gobierno y tenemos la mejor relación con el ministro de Justicia. Está claro que la fiscalía tiene que ser autónoma, independiente y que si se afecta su autonomía, puede fracasar. No he sentido esa afectación en este gobierno, tampoco en el anterior y confío que en el que venga, tampoco. Lo que sí le señalé es que fijar metas de persecución criminal es inconstitucional.
-No, para nada. Lo que se ha hecho desde que llegué es compendiar una serie de instrucciones y dejarlas en una especie de manual práctico.
-¿Esto de las instrucciones por las escuchas viene de antes del caso Registro Civil?
-Absolutamente. No es una reacción.
-¿No teme que con esto de las grabaciones telefónicas se instale una mancha sobre la investigación final del caso de corrupción en el Registro Civil?
-Bueno, es un riesgo. Espero que no sea así. Pero es importante no litigar por los medios, y esperar la investigación. Pero si es por la fiscalía, la investigación del caso del Registro Civil va a llegar hasta el final, como cualquier otra. No a la invasión
-Uno de los proyectos que usted planteó fue crear la Fiscalía para los delitos de Alta Complejidad, para casos de alta corrupción pública, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Por qué el gobierno no le ha dado el piso suficiente?
-Lo que pasa es que las unidades especializadas que hay en la fiscalía son insuficientes. Entonces, dentro de un plan de fortalecimiento, de ajustes de los recursos a las necesidades actuales –han entrado 1 millón y medio de causas al año con la misma dotación del 2000–, planteamos una fiscalía supraterritorial. Esa parte la acogió el presidente el 21 de mayo en la cuenta pública y dijo que se enviaría el proyecto de ley. No ha pasado nada, pero yo confío en que se va a enviar. La otra parte –y que fue validada por un reciente estudio del BID– es el aumento de la dotación para ir acorde a las necesidades del país.
-Pero no estuvo en la discusión del presupuesto. -No, pero yo expuse ante la comisión mixta de presupuesto y les expliqué que era un plan de continuidad y austero, y les dije que si se aprobaba el plan de fortalecimiento, no teníamos problema con el presupuesto.
-¿Cuánto vale?
-12 mil millones de pesos, parcializados en cuatro años. Aumenta la dotación en más de 700 personas, incluyendo fiscales; 26 para los delitos de alta complejidad y 106 para el resto del país. La comisión de presupuesto entendió lo que señalé y estuvo de acuerdo. Dijo que enviaría un oficio al Ejecutivo para que se mande el proyecto de ley con el plan de fortalecimiento. Y yo confío en que pase.
-Tiene foto con Bachelet y también con Piñera en su oficina. ¿Cómo es su relación con La Moneda?
-Buena.
-¿Y comparada con el gobierno anterior?
-Son diferentes estilos, pero las dos han sido buenas. La fiscalía es una institución permanente, por lo que si no me relaciono bien con el gobierno, no estaría haciendo mi pega.
-Dicen en el gobierno que tiene mejor relación con el jefe de Interior, Rodrigo Hinzpeter, que con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
-No, lo que pasa es que con Hinzpeter hemos visto más cosas juntos. Además, como los fiscales somos quienes dirigimos las investigaciones, muchas veces estamos en ceremonias en que se reconocen los éxitos y, claro, coincidimos más.
-Pero con el ministro Bulnes arrastra ciertos roces, desde cuando él planteó que la fiscalía debía rendir cuentas…
-Nosotros rendimos permanentemente cuenta de nuestras actividades.
-¿Se sintió invadido?
-No, creo que había una suerte de acople del nuevo gobierno y tenemos la mejor relación con el ministro de Justicia. Está claro que la fiscalía tiene que ser autónoma, independiente y que si se afecta su autonomía, puede fracasar. No he sentido esa afectación en este gobierno, tampoco en el anterior y confío que en el que venga, tampoco. Lo que sí le señalé es que fijar metas de persecución criminal es inconstitucional.
| “Hinzpeter tiene muy buena intenciones y esta claro que le ha puesto un enfasis especial (al combate de la delincuencia) que creemos que deberia reflejarse en que fortalezca a la fiscalia, tambien”. |
-¿Se ha sentido pauteado? Dicen que a veces, cuando La Moneda dice A, usted hace B, para no aparecer recibiendo órdenes.
-No, en absoluto. Ahora, claramente, ningún jefe de servicio autónomo puede tolerar que traten de pautearlo. Otra cosa es que uno sea un estúpido y no esté dispuesto a conversar. Y si esa “pauta” es algo que le conviene a la institución y no afecta a la autonomía, se hace.
-¿Y en el caso bombas, se sintió pauteado? Cambió al fiscal a cargo del caso después de que Hinzpeter dijera que había que hacer eso…
-No, fue una coincidencia. Me enrostraron que estaba respondiendo a una presión del ministro del Interior, pero quiero decir sinceramente que no hablé con Hinzpeter. Analicé la situación, me pareció que era imprescindible hacer el cambio y cuando lo decidí, justo el día anterior, el ministro lo dijo.
Delincuencia: el rol de Hinzpeter
-¿Cómo ve al ministro del Interior en el combate de la delincuencia, que supuestamente es su tema estrella?
-Me parece que tiene muy buenas intenciones y está claro que le ha puesto un énfasis especial que, creemos, debería reflejarse en que fortalezca a la fiscalía también, porque nosotros podemos colaborar. Y si quiere que la fiscalía investigue más expeditamente, que condene a quienes haya que condenar y atienda mejor a las víctimas, debe fortalecerla.
-El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, se quejó de que el gobierno no ha cumplido su labor en ese sentido.
-No me puedo pronunciar desde el punto de vista político, pero nosotros como fiscalía estamos preocupados de que en Las Condes, Maipú, La Pintana y Conchalí la persecución penal sea lo más eficiente posible. Lo que pasa es que muchas veces tiene más repercusión mediática un delito cometido en el sector oriente, pero nosotros les damos la misma importancia.
-¿Es de los que piensan que la televisión agranda la percepción de delincuencia?
-Los medios tienen mucho peso en distintas situaciones, ya sea en la crisis del fútbol o en la delincuencia. Muchas veces las informaciones, si se ven repetidamente en distintos canales, pueden hacer parecer que hay más delincuencia. Pero la prensa hace su labor, que es imprescindible para la democracia y no voy a decir que la sensación de inseguridad se derive de la tele. Ahora, puede que haya mayor espectacularidad en ciertos procedimientos policiales.
Si uno analiza estadísticamente, hay una tendencia a la baja de la delincuencia que viene desde hace más de un año. Lo que pasa es que hay delitos específicos que a veces suben un poco, o que son más espectaculares, como los robos en casas. Pero si se analiza la estadística macro, no se han disparado. Lo que sí es preocupante, es la realización inmediata de diligencias y en ese sentido, vamos a presentar un manual de diligencias que deben hacer los carabineros, recordando facultades de actuación autónoma que tienen, sin orden de la fiscalía. Ese va a ser un librito que van a tener todos en el bolsillo de la camisa, además de una capacitación.
-No, en absoluto. Ahora, claramente, ningún jefe de servicio autónomo puede tolerar que traten de pautearlo. Otra cosa es que uno sea un estúpido y no esté dispuesto a conversar. Y si esa “pauta” es algo que le conviene a la institución y no afecta a la autonomía, se hace.
-¿Y en el caso bombas, se sintió pauteado? Cambió al fiscal a cargo del caso después de que Hinzpeter dijera que había que hacer eso…
-No, fue una coincidencia. Me enrostraron que estaba respondiendo a una presión del ministro del Interior, pero quiero decir sinceramente que no hablé con Hinzpeter. Analicé la situación, me pareció que era imprescindible hacer el cambio y cuando lo decidí, justo el día anterior, el ministro lo dijo.
Delincuencia: el rol de Hinzpeter
-¿Cómo ve al ministro del Interior en el combate de la delincuencia, que supuestamente es su tema estrella?
-Me parece que tiene muy buenas intenciones y está claro que le ha puesto un énfasis especial que, creemos, debería reflejarse en que fortalezca a la fiscalía también, porque nosotros podemos colaborar. Y si quiere que la fiscalía investigue más expeditamente, que condene a quienes haya que condenar y atienda mejor a las víctimas, debe fortalecerla.
-El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, se quejó de que el gobierno no ha cumplido su labor en ese sentido.
-No me puedo pronunciar desde el punto de vista político, pero nosotros como fiscalía estamos preocupados de que en Las Condes, Maipú, La Pintana y Conchalí la persecución penal sea lo más eficiente posible. Lo que pasa es que muchas veces tiene más repercusión mediática un delito cometido en el sector oriente, pero nosotros les damos la misma importancia.
-¿Es de los que piensan que la televisión agranda la percepción de delincuencia?
-Los medios tienen mucho peso en distintas situaciones, ya sea en la crisis del fútbol o en la delincuencia. Muchas veces las informaciones, si se ven repetidamente en distintos canales, pueden hacer parecer que hay más delincuencia. Pero la prensa hace su labor, que es imprescindible para la democracia y no voy a decir que la sensación de inseguridad se derive de la tele. Ahora, puede que haya mayor espectacularidad en ciertos procedimientos policiales.
Si uno analiza estadísticamente, hay una tendencia a la baja de la delincuencia que viene desde hace más de un año. Lo que pasa es que hay delitos específicos que a veces suben un poco, o que son más espectaculares, como los robos en casas. Pero si se analiza la estadística macro, no se han disparado. Lo que sí es preocupante, es la realización inmediata de diligencias y en ese sentido, vamos a presentar un manual de diligencias que deben hacer los carabineros, recordando facultades de actuación autónoma que tienen, sin orden de la fiscalía. Ese va a ser un librito que van a tener todos en el bolsillo de la camisa, además de una capacitación.
| ¿Es verdad que no le gusta Peña? “Mentira” | |||
| -El próximo año tiene que reemplazar a dos fiscales muy conocidos: Xavier Armendáriz y Alejandro Peña. ¿Cómo va a ser el de este último? -Bueno, igual que el reemplazo de cualquier otro fiscal, reconociendo por cierto las capacidades de Alejandro Peña. Cualquiera que postula a fiscal regional sabe que tiene fecha de vencimiento. Nosotros duramos ocho años y nos vamos para la casa, y sin jubilación ni otro sueldo. A buscar pega. Peña termina en octubre y Armendáriz en septiembre y ellos lo saben. Eso no quiere decir que no puedan ser nombrados en otro cargo en el Ministerio Público. -¿Y es verdad que no le gusta Peña? -No, es mentira. Cuando éramos fiscales regionales teníamos estilos de persecución distintos, pero es un muy buen fiscal. -¿Y cree que él podría hacer una carrera política? -Mientras ha sido fiscal no ha tenido vinculación con la política, como ningún otro fiscal. Está trabajando muy bien, por lo demás. |