La reciente iniciativa de la Superintendencia de Valores y Seguros para implementar un sistema público de autoevaluación de las prácticas de gobierno corporativo, lleva al menos a tener una pauta general para conocer el estado en que cada sociedad se encuentra en el desarrollo de estos conceptos. Si bien la norma se encuentra en etapa de consulta, establece una pauta para las iniciativas, cuya interpretación dependerá del mérito que cada sociedad otorgue a la iniciativa. Por lo tanto, lo que para una sociedad puede ser parcialmente implementado, para otra podría ser sustancial. Debido a lo anterior, no será fácil hacer comparaciones entre una y otra.
En su primera parte, la propuesta contiene preguntas referidas a la existencia de un sistema de evaluación, a la designación de un presupuesto anual suficiente para la contratación de asesores externos que asistan a los directores en su gestión; si se cuenta con adecuados sistema de consultas para atender a los directores, incluso si hay una persona o unidad para atender sus consultas. Todo ello implica la implementación de cambios importantes en los procesos de información e incluso en las responsabilidades de asistirlos.
Luego se pide evaluar la relación con los auditores, en reuniones sin la presencia de ejecutivos, en una dimensión de efectividad de controles y prácticas contables. Como parte de esta sección, se incluye la definición implícita del tiempo mínimo que cada director debe dedicarle a la sociedad, tema que ha sido materia de largas discusiones.
En una segunda dimensión, se solicita evaluar la relación de información con los accionistas. Aquí, lo más relevante es si la empresa posee medios tecnológicos para que estos puedan conocer los temas de las Juntas cuando no están presentes. En la tercera parte, se solicita revelar las prácticas y procedimientos para la continuidad, ante la pérdida del gerente general o un ejecutivo principal, y la revisión de las políticas de remuneraciones, para evitar alta exposición al riesgo y el incentivo para cometer fraudes.
En la cuarta parte se abordan temas que no están necesariamente en alguna norma, pero que son de gran relevancia, ya que están asociados a los riesgos. De acuerdo a lo anterior, se deberá contar con una política de administración de riesgos integrales, procedimientos, sistemas y una serie de conceptos, e incluso la implementación de un procedimiento de denuncias para actos ilícitos o irregularidades. Recordemos que la norma está en proceso de consulta, pero los cambios dependerán esencialmente de las sugerencias que el organismo fiscalizador reciba durante este periodo.
Finalmente, el proceso de autoevaluación, independientemente de las modificaciones que pueda sufrir de aquí a su aprobación, muestra la tendencia que deben seguir las sociedades anónimas para perfeccionar sus gobiernos corporativos. Aún más, aquellas sociedades que pretendan sobresalir por sus buenas prácticas, deberán realizar cambios importantes en estas materias.
Fuente: Deloitte