Revista Fiscalía - Abril 2014
Desde la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, la Fiscalía de Chile ha recibido más de 11 millones de casos. Sólo durante 2013 se registraron un millón 300 mil ingresos, lo que representa un aumento de 37,8% respecto al primer año de funcionamiento de la reforma en todo el país y arroja un promedio de más de dos mil causas anuales por cada fiscal, en circunstancias de que, como es sabido, el sistema se diseñó para la tramitación de 1.250 causas anuales por adjunto. Empero además, desde otro punto de vista, los fiscales han asistido el 2013 a 747.551 audiencias.
Sólo si dividimos esa cifra por el número de Fiscales Adjuntos (647), sin considerar otras actividades, arroja una cifra aproximada de 1.155 audiencias por fiscal durante el año. Es decir, hemos enfrentado una evolución sostenida de la demanda por nuestra acción sin mayor dotación ni recursos adicionales, en un contexto social cada vez más exigente y complejo.
En la séptima cuenta pública que me ha correspondido rendir he reiterado el reconocimiento a los funcionarios y fiscales que con su compromiso han demostrado que esta organización, aún en condiciones adversas, no cesa en su búsqueda de la excelencia en la persecución penal y la protección de víctimas y testigos.
Uno de los énfasis de esta nueva Cuenta Pública ha estado puesto en destacar los esfuerzos de la Fiscalía de Chile en avanzar en la Coordinación Interinstitucional de los actores del proceso penal.
Esta definición expresa la voluntad de profundizar el cumplimiento de las funciones constitucionales, para contribuir desde nuestra posición al conjunto de políticas públicas que el Estado despliega en beneficio de la seguridad y la justicia del país.
También hemos relevado la permanente disposición del Ministerio Público hacia la transparencia de sus actos y una activa rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, expresada en múltiples instancias de control institucional a la que es sometido por otros órganos del Estado.
Un tercer eje de esta rendición, y más importante, ha sido poner de relieve nuestra preocupación por víctimas y testigos ya que no es sólo una obligación legal y constitucional la atención y protección hacia ellos, si no que es un deber de todos los que componemos la Fiscalía de Chile brindarles el mejor servicio, de calidad, oportuno, empático y respetuoso, sobre todo a aquellas víctimas más indefensas como los menores de edad.
Para la Fiscalía de Chile, la Cuenta Pública es un espacio privilegiado para reiterar sus compromisos más profundos con la ciudadanía, emanados desde nuestra posición como una institución fundamental de la República, cuyo fortalecimiento es imperativo y urgente para el bien común de la sociedad.
Sabas Chahuán
Fiscal Nacional
Sólo si dividimos esa cifra por el número de Fiscales Adjuntos (647), sin considerar otras actividades, arroja una cifra aproximada de 1.155 audiencias por fiscal durante el año. Es decir, hemos enfrentado una evolución sostenida de la demanda por nuestra acción sin mayor dotación ni recursos adicionales, en un contexto social cada vez más exigente y complejo.
En la séptima cuenta pública que me ha correspondido rendir he reiterado el reconocimiento a los funcionarios y fiscales que con su compromiso han demostrado que esta organización, aún en condiciones adversas, no cesa en su búsqueda de la excelencia en la persecución penal y la protección de víctimas y testigos.
Uno de los énfasis de esta nueva Cuenta Pública ha estado puesto en destacar los esfuerzos de la Fiscalía de Chile en avanzar en la Coordinación Interinstitucional de los actores del proceso penal.
Esta definición expresa la voluntad de profundizar el cumplimiento de las funciones constitucionales, para contribuir desde nuestra posición al conjunto de políticas públicas que el Estado despliega en beneficio de la seguridad y la justicia del país.
También hemos relevado la permanente disposición del Ministerio Público hacia la transparencia de sus actos y una activa rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, expresada en múltiples instancias de control institucional a la que es sometido por otros órganos del Estado.
Un tercer eje de esta rendición, y más importante, ha sido poner de relieve nuestra preocupación por víctimas y testigos ya que no es sólo una obligación legal y constitucional la atención y protección hacia ellos, si no que es un deber de todos los que componemos la Fiscalía de Chile brindarles el mejor servicio, de calidad, oportuno, empático y respetuoso, sobre todo a aquellas víctimas más indefensas como los menores de edad.
Para la Fiscalía de Chile, la Cuenta Pública es un espacio privilegiado para reiterar sus compromisos más profundos con la ciudadanía, emanados desde nuestra posición como una institución fundamental de la República, cuyo fortalecimiento es imperativo y urgente para el bien común de la sociedad.
Sabas Chahuán
Fiscal Nacional