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Mirada Internacional: México

El "Impuesto Antiobesidad" desata una guerra de comunicación en México

Una verdadera guerra es la que se ha desatado en México. Se trata de uno de los países con mayores problemas de obesidad de la región y esto ha llevado al Gobierno a presentar una propuesta tributaria que afecta al sector las empresas de refrescos. Y las empresas no han tardado en responder: "están luchando a capa y espada por bloquear esta iniciativa que busca gravar las bebidas azucaradas", destaca en un artículo Reuters.
Aunque en el país un litro de gaseosa es más barato que uno de leche y en muchos casos la sustituye en la dieta básica, las empresas han lanzado una campaña  defendiendo las bondades del azúcar y atacando la propuesta tributaria presentada el mes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. México, el país con mayor obesidad del mundo.

El debate ha invadido desde espacios publicitarios en medios hasta vallas, autobuses y redes sociales."¿La obesidad se combate con impuestos? ¿Sí o no al impuesto a los gorditos?" dice una campaña del Centro para la Libertad del Consumo, una de las organizaciones que se oponen al tributo.

Las características del impuesto...


El impuesto equivale a un peso (8 centavos de dólar) por litro. Si se trasladara al consumidor final, representaría un aumento de precio de entre un 15 y 20 por ciento.

"¿Es un castigo a los mexicanos con sobrepeso?", pregunta la organización en su página web, que puede verse anunciada en autobuses de la vasta capital del país, uno de los mayores consumidores de refrescos del planeta.

El Gobierno pretende recaudar con ese impuesto 12,455 millones de pesos (950 millones de dólares). Con ese dinero ha dicho que "se busca combatir la obesidad, particularmente entre los menores de edad". 

Lo cierto es que el dato es alarmante: con más de 117 millones de habitantes, México es uno de los países latinoamericanos con mayor incidencia de obesidad, una condición que afecta al 33%  de su población adulta, según datos de Naciones Unidas. Es más, según las últimas estadísticas, cada año 50 mil mexicanos fallecen por obesidad.

Las empresas al ataque...

The Coca Cola Company, la más importante marca de refrescos en México y casi omnipresente en la dieta de millones de sus habitantes, calificó el impuesto como discriminatorio e incompatible con una buena política fiscal.

La gigante refresquera, que vende más de 60 marcas de bebidas no alcohólicas en tierras aztecas, ha sido vinculada por años a problemas de obesidad y diabetes. Por eso ha lanzado campañas en las que detalla las calorías de sus productos y recomienda hábitos saludables de vida.

"No al impuesto Bloomberg", decía un aviso publicado el jueves en varios diarios, entre cuyos patrocinadores se cuentan la cámara de la industria azucarera y alcoholera, además de la Industria Refresquera Mexicana.

El aviso hace referencia al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que ha impulsado la prohibición de la venta de refrescos azucarados de tamaño grande en su ciudad y quien felicitó a Peña Nieto por proponer el impuesto.

... Y los gremios también



La cámara azucarera ha dicho que el impuesto sólo llevará a los consumidores a buscar otras alternativas poco saludables, y alega que golpeará a los más pobres, que consumen más gaseosas, según cita Reuters

Según su informe, aun es posible encontrar en México poblaciones remotas que no reciben un suministro estable de agua potable, pero que tienen una tienda que vende refrescos y jugos.

En todo caso, las campañas se siguen extendiendo. Carteles publicitarios en varias partes de la ciudad muestran a gente haciendo ejercicio junto a leyendas como "sólo 15 calorías por cucharada", y "el azúcar de caña es natural" La Alianza por la Salud Alimentaria, formada por organizaciones de consumidores, comerciantes y organismos humanitarios como Oxfam, publicó el jueves un anuncio a página completa en varios diarios locales recomendando: "No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua".

Hay que destacar que esta medida forma parte de la reforma fiscal presentada por Peña Nieto, que agrupa una serie de iniciativas para incrementar el crecimiento económico, pero que enfrenta una fuerte oposición en el Congreso porque propone tributos también en el sector inmobiliario.

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